El lunes último, la Facultad protagonizó un nuevo debate por la ley de medios y el derecho a la comunicación. En el marco de un seminario organizado por la cátedra de Redacción II de Comunicación Social, participaron en la charla la directora de la Escuela de Comunicación, Silvana Comba, y Juan Pablo Sarkissián, periodista del Diario El Ciudadano y dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario
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En un aula repleta de jóvenes estudiantes y trabajadores de medios se puso sobre la mesa el tema de la comunicación como un derecho humano fundamental e insustituible. Silvana Comba abrió su ponencia contando sobre el efecto positivo que tuvo la implementación de la ley para las Universidades Nacionales.
Recordó la participación activa que tuvieron a la hora de redactar los 21 puntos de la ley. En pleno debate, contó que fueron convocadas distintas organizaciones sociales, cooperativas de medios, organismo de derechos humanos, sindicatos, radios comunitarias y, por supuesto, las universidades.
Luego alertó sobre la gravedad que generó para los centros de estudios el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el gobierno nacional actual: “Se pasó de un esquema participativo y multisectorial a otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban”.
A su vez, comentó que la escuela de Comunicación Social participó del primer Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática realizado hace unas semanas en el Congreso de la Nación.
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Allí estuvieron representantes de distintas organizaciones sociales, medios comunitarios, pueblos originarios, entre otros, discutiendo acerca de las políticas públicas de comunicación y la falta de apoyo por parte del Estado.
También se discutió allí la redacción de lo que se denominan los “nuevos 21 puntos”, considerados por la falta de actualización que cuenta la ley, esto es, la incorporación de la comunicación y contenidos digitales. También ante el desafío que plantea el nuevo gobierno por el atropello que significó la disolución de la ley.
Finalmente llamó a ser “conscientes de la responsabilidad que nos interpela, no sólo a los comunicadores, sino a la sociedad civil en su conjunto”. Invitó a colaborar con las organizaciones que necesitan comunicar su visión de lo que ocurre. «Los medios comunitarios permiten el ejercicio de la ciudadanía comunicacional en su plenitud».
Sobre la carrera de comunicación, Comba señaló: “Buscamos convocarlos activamente a formase con la idea de compromiso en estos tiempos complicados que nos tocan vivir. Hace falta estar conscientes de estas realidades que vivimos a la par de la calidad que podemos producir. Elaborar contenidos y posibilidad para ampliar las miradas”.
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A su turno, Juan Pablo Sarkissian destacó que “el tema de la comunicación no es un problema de los comunicadores o periodistas, sino que nos interpela como sujetos de derechos”. Sostuvo que lo primero a identificar es la distinción entre “derecho o valor de mercado”. Esto es clave para comenzar a debatir.
Su ponencia giró en torno al recorrido que transitó “una de las leyes más debatidas de la historia argentina”. Habló de su importancia a la hora de democratizar la palabra y por lo que implica en su carácter antimonopólica. Como ejemplo, narró que una de las primeras medidas del gobierno de Carlos Menem fue privatizar los canales de televisión. “Por eso no nos llamó la atención que el frente Cambiemos haya dejado sin efecto la ley al mes de asumir”, reflexionó el periodista. A eso era precisamente a lo que apuntaba la ley: a la pluralidad de voces y contenidos, a diversificar y democratizar.
En sintonía con lo que dijo Comba, remarcó la importancia que tuvo la última audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí representantes del gobierno nacional fueron convocados a responder preguntas por parte de la Coalición por una Comunicación Democrática, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y representantes de las universidades nacionales. Lo destacado fue conseguir que la CIDH tomara nota del atropello en que incurrieron los nuevos representantes del Estado Nacional.
Al mencionar las consecuencias que implicó la intervención del Afsca, el docente enumeró cuatro puntos claves: la puesta en peligro de la libertad de expresión, la pérdida de la pluralidad de voces; el modo en que se resta participación a la sociedad civil; y finalmente la consecuencia es una mayor concentración de medios.
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Además, Sarkissian se refirió el carácter que tuvo la ley cuando se presentó en sociedad: “El debate que implicó se vio muy pocas veces, desde su magnitud y calidad”. Y agregó que “no fue una Ley K como algunos pretendieron hacer creer”, recordando los spot del Grupo Clarín que nunca la apoyó por tocar, fundamentalmente, sus intereses económicos.
“Lo que cambia es una mirada paradigmática. Entender la cuestión de la comunicación, de la información, como un derecho humano básico; es el derecho a ser informado. Eso debe estar en la cabeza de todos y no solo de los “expertos” de la comunicación”, afirmó contundente.
También desmintió que alguna vez la ley se haya interesado en los contenidos sino que “se buscó producir y escuchar nuevas voces que reflejaran la realidad de las diferentes regiones, de los pueblos, que el contenido tenga que ver con lo genuino de cada uno de los lugares. Esto, también, generaría y generó, nuevas fuentes de trabajo”.
Al igual que Silvana Comba, el representante del Sindicato de Prensa, invitó a la reflexión, demandó formación y un rol activo junto a las organizaciones de todo tipo, y la necesidad de hacer valer nuestro derecho a la información y luchar para tener un acceso en igualdad de oportunidades ante las corporaciones mediáticas. “Es un derecho insustituible”.
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Por José Luis Morelli (ayudante alumno)
Luciano Pamucio (adscripto)
Cátedra Redacción 2, comisión 2.
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